En estos días he observado con estupefacción las discusiones en la blogósfera venezolana orientadas a inscribir al recientemente difunto exPresidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, como un gran demócrata. Amén de su desempeño económico (área que no manejo lo suficiente como para hacer alguna acotación significativa), lo que motiva esta nota es la argumentación sostenida en torno a dos de los episodios más cruentos de la historia democrática venezolana, la insurrección de Puerto Cabello o “Porteñazo” y el 27 de febrero de 1989.
El discurso de aquellos que buscan disculpar o minimizar la responsabilidad del exPresidente Pérez en estos hechos apunta hacia la inevitabilidad histórica, es decir, la necesidad de cortar por la raíz la sublevación y los saqueos en aras de preservar la República. Se intenta inscribir la masacre de civiles y la violación de Derechos Humanos que hubo en cada caso, con el manto de un “daño colateral” inevitable.
Permítanme entonces una pequeña digresión al respecto. Cuando se es un Jefe de Estado y se dispone de todo un aparato militar-represivo en la palma de la mano, se exige, no solamente un uso discrecional de tal máquina asesina, sino un alto grado de responsabilidad.
La política se maneja entre dos fronteras claramente delimitadas: la diplomacia, el consenso y la búsqueda de compromisos, en un extremo, y la represión violenta e indiscriminada del otro.
No pretendo escribir loas al pacifismo utópico inaplicable sino poner en tela de juicio el acto de invocación de la fuerza militar, por un lado, y la magnitud de la respuesta, por otro. Es decir, me parece obvio que en ambos casos el espacio para la diplomacia y el debate era inexistente. Las razones de esto tienen mucho que ver con la torpeza política, sobre todo en el caso del Caracazo, donde una cadena de decisiones fundamentalmente tecnocráticas, sin ningún apego a la realidad de la sociedad venezolana de la época, crearon la situación trágica que todos conocemos.
Sin embargo, Carlos Andrés Pérez decidió cerrar el puño del Estado y desencadenar toda su furia sobre la población en una reacción extremadamente desmesurada que dejó, previsiblemente, miles de muertos. ¿Son estos muertos “daño colateral” que pueda justificarse en el marco de una acción legítima del Estado? Obviamente, no.
Tanto en el Porteñazo como en el Caracazo la respuesta estríctamente militar, de restauración del orden público, pudo haber sido otra.
Carlos Andrés Pérez decidió, de manera coherente con su personalidad megalomaniaca y egocéntrica, retirarle el bosal al perro rabioso de la milicia y desencadenarlo en medio de una población civil, con el fin de asentar su posición de dominio político. El exPresidente de Venezuela juzgó necesario afianzar la posición de poder del Estado que él representaba con un torpe y desorientado puño de hierro que dejó como legado una montaña de cadáveres.
Con el inmenso poder inherente a un jefe máximo de las Fuerzas Armadas debe venir no sólo la inmensa responsabilidad en la toma de decisiones que apelen a este cuerpo, sino la inevitabilidad del juicio histórico. Lo siento, pero en lo que al uso de la Fuerza Militar se refiere, no hay espacio para errores de cálculo o disculpas. Cualquier desliz que viole Derechos Humanos y riegue la sangre de inocentes no debe ser perdonado por la sociedad civil, sea en Nagasaki, Fallujah o Puerto Cabello.
Tampoco me parece exagerado exigir que, en la discusión del legado de Carlos Andrés Pérez, estos dos hechos (a los cuales podríamos agregar muchos más) tengan un papel central, en vez de ser relegados a un simple pie de página de su mandato. Igual que denuncié con vehemencia la ilegal guerra en Irak y exijo que esa infame página de la historia norteamericana esté en el tope del expendiente de George W. Bush, no perdida en medio de referencias a otros aspectos de su mandato, me parece justo que los civiles que perdieron la vida por el uso desmesurado de la Fuerza Armada por parte de CAP en 1962 y 1989, tengan la relevancia que se merecen.
Es por ello que afirmo que Carlos Andrés Pérez acudió a la fuerza bruta de manera prácticamente criminal debido a lo desmesurado de la respuesta. No creo tampoco que haya sido un error de cálculo: CAP se valió de la sangre de los venezolanos, primero para forjarse una imagen de aguerrido anticomunista capaz de controlar al país, luego para limpiar los desaciertos de sus apuestas económicas.
Estos dos capítulos no deben ser barridos bajo la alfombra de la historia.
Vinz, estoy en completo acuerdo con tu posición, en lo que respecta a derechos humanos. De hecho, hay un dicho por ahí que define dicha posición a la perfección: “human rights aren’t about left or right, but about right or wrong.” Como argumentas, se defienden/observan los derechos humanos, o no. No hay medias tintas, ni espacio para el relativismo. However, y siempre hay uno de esos, las acciones de los hombres de estado, que no las mías y las tuyas, están circunscritas en contextos a los cuales es impracticable aplicar el dogma “right or wrong.” El caso de CAP es ejemplo de ello, y sin ánimo de exculparlo, me parece simplista juzgar la vida de un hombre de estado desde perspectivas moralmente inamovibles.
Para ello, lo que tiendo a practicar es, desde mi ignorancia, tratar de ponerme en lo zapatos de esos hombres de estado, y preguntarme, ¿qué habría hecho yo en tal situación, y en ese contexto? Y por ello soy de la opinión que nuestros juicios de valor no están informados sobre todos los aspectos, sino sobre los que son del conocimiento publico y sobre nuestras muy personales posiciones. Tu dirás que si esas es la premisa, entonces no podríamos emitir juicios sobre ningún hombre de estado pasado, presente o futuro. No obstante, y reafirmando la responsabilidad de quienes comandan tropa, armas y poder opresor, entiendo que es ingenuo pensar que ataques contra el poder establecido no serán repelidos debido a un apego estricto a la observancia de los derechos humanos. Por cuanto quienes lanzan ataques contra el poder establecido, tienen poca o ninguna consideración para con dichos preceptos. Es como la convención de Ginebra, que ciertos países supuestamente deben observar en conflictos armados, pero que insurgentes modernos ignoran en lo absoluto. El poderío de unos es contrarrestado por el barbarismo e irrespeto por convenciones internacionales de otros. Y he allí el balance.
En suma estimado, creo que esperar pacifismos inaplicables frente a ataques al estado, es tan utópico como el dicho aquel de poner la otra mejilla. La realidad es otra, nos guste o no, estemos de acuerdo con ella o no. Y la historia pasa juicio bajo esos parámetros, no bajo premisas utópicas.
Peace brother.
Sí, digamos que no pretendo juzgar todo el gobierno a partir de estos dos sucesos, pero sí me parece pertinente darles el lugar que se merecen, algo que está extrañamente (o convenientemente) oculto en el discurso de los que cantan loas a CAP.
Personalmente, para mí él está lejos de ser un “demócrata” ejemplar, ¿o hemos acaso olvidado la represión de sus gobiernos, la violencia contra las manifestaciones y demás? CAP debería ser el punto más bajo de la vara democrática venezolana, no el nec plus ultra a alcanzar (sin importar qué tan lejos de ello estemos hoy en día)…
Obviamente, estamos de acuerdo en esto. En lo que atañe al Porteñazo, creo que hay suficientes pruebas para afirmar que el gobierno usó fuerza indebida y ello fue conducente a la muerte de civiles. No digo que hayan tenido que ir a Puerto Cabello a acabar con la insurrección a sombrerazos, pero las acciones de las FAN en ese episodio están lejos de ser nobles.
Creo que es un buen momento para invitar a todos los venezolanos a ver documentales y videos sobre esa insurrección para alimentar el debate.
¡Saludos y Feliz año!